El sistema penal acusatorio, adoptado desde hace siete años en Colombia, tiene serios problemas de fondo. Según la Corporación Excelencia en la Justicia, CEJ, "la Fiscalía tiene a la fecha casi un millón y medio de noticias criminales acumuladas; hay un hacinamiento carcelario del 33% y un 50% de ciudadanos cree que la probabilidad de que un delincuente sea capturado es baja o muy baja".
Posibles Causas:
1. Malas prácticas judiciales. Primeramente, la CEJ encontró que las malas prácticas judiciales afectaron considerablemente la eficiencia del sistema.
Estas prácticas hacen referencia, según la CEJ, "al abuso de las suspensiones y los aplazamientos de las audiencias orales y la lectura de las intervenciones en las mismas, la elaboración de programas metodológicos 'a formato' que no están orientados a la resolución del caso en concreto, la falta de filtros para las denuncias por conductas que no constituyen delito y la deficiente aplicación del principio de oportunidad".
2. Cambios Normativos. LA CEJ asegura que este sistema ha sido modificado de forma fragmentada, a través de las leyes 1142, 1098, 1121, 1312, 1395, 1453 y 1474 las cuales han estado principalmente orientadas a la reducción de garantías de los procesados, al recorte de beneficios por aceptación de cargos, a la creación de nuevos delitos, así como al aumento de penas.
"Lo grave no es la existencia de estos cambios normativos, sino el hecho de que estos se adopten para reemplazar medidas de gestión y presupuestales que no se han puesto en marcha y el hecho de que estas leyes se aprueben una tras otra, sin dar un compás de espera para evaluar sus resultados", sostuvo la CEJ.
3. Presupuesto. La falta de presupuesto sobre el sistema ha llevado a que la administración de justicia sea incapaz de cumplir con las expectativas que recaen sobre la misma en la lucha contra la criminalidad.
En ese sentido, sostiene la Corporación, que este punto se materializa en la falta "de personal y de medios para la realización de la actuaciones investigativas, la insuficiencia de laboratorios, las deficientes condiciones de las sedes judiciales y los bajos salarios de peritos e investigadores".
Por todo lo anterior, concluye la CEJ, que el problema del sistema penal acusatorio no recae en su diseño sino en las falencias del Estado para llevar a buen término su implementación.
(Fuente: El Pais)
