Vox denunció el intento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de proponer nombramientos para la Fiscalía de Sala de Delitos contra la Administración Pública, plaza que investigaría el delito de revelación de secretos por el que está siendo investigado por el Tribunal Supremo.
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, calificó el hecho como “la enésima cacicada de un Gobierno que se cree que España es su cortijo”, y exigió la dimisión o cese del fiscal por la supuesta revelación de datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
