Tras dos horas de reunión, el Consejo de Gabinete decretó la suspensión de las garantías constitucionales en la provincia de Bocas del Toro.
Esto significa que los ciudadanos de esa provincia podrán ser detenidos sin orden emitida por un juez o autoridad competente, no tendrán derecho a abogado, se suspende la presentación de habeas corpus y se prohíbe el derecho a reunión.
